Cobro de reclamaciones a aseguradoras “mala paga” y la poca seguridad otorgada por la Superintendencia de Seguros en la RD.

Nota: Esto es un repost de un artículo que escribí para estas fechas el pasado 2016. Lo coloqué en este blog porque la ideal de artículo viene de la mano con este Blog. En todo caso, leanlo y al final actualizo con lo ocurrido posterior a su publicación.

Carmelita Santana. Señora robusta, de rostro triste, madre con amor y ama de casa por necesidad. Con 67 años a cuestas que parecen 90. Sufrida de la vida y olvidada por todas las ayudas sociales y planes del Estado; la diabetes en estado controlado gracias a la metformina pero latente, presión siempre alta y con el deseo de ver pagado su ranchito, el cual, entre maderas podridas en las paredes, piso de tierra y hojas de zinc ya con grietas que una vez fueron goteras, es el que utiliza como apalancamiento para los préstamos con garroteros.

Tuvo dos hijos, la primera trabajadora o servicio en la casa de algún nuevo rico de la capital, y el otro, que llegó al rango de cabo del Ejército Nacional.

Ahí comienza nuestro relato:

Sobre las 6.45 AM de una mañana cualquiera, el hijo viene de su base luego de un servicio de 48 horas continuas a cargo de un jefe. En el camino, sobre su motor con potencia de 50cc, mucho ruido producto de un mufler defectuoso, y con la compañía de un amigo del mismo rango que El, van con dirección a Yamasá a dormir. Pero no contaban con que un conductor inescrupuloso que venía muy rápido por sabrá Dios qué razón, lo enviste por la espalda; tumbó a ambos de la destartalada moto, y se detiene unos 300 Mts. más adelante desmontándose del Corolla 2003; con miedo. Temblando. Entendió que nadie lo vio y se subió nuevamente en el carro y emprendió la huida.

Medio kilómetro más adelante lo interceptaron unos motoristas. Para su mala suerte vieron el choque, cómo se detuvo y luego abandonó al hijo de Carmelita y a su compañero. Con algo de amenazas y presión lo llevaron al destacamento más cercano.

Resultado: el hijo de Carmela muere por trauma craneoencefálico severo, fractura en pierna y cráneo. El compañero corrió con menos suerte, parapléjico de por vida por fractura de vertebras cervicales.

Dos partes emprenden acciones legales:

a)  Chiíta, la concubina del difunto, con quien tiene una hija de dos años que casi nunca veía por asuntos de trabajo, pero que se enorgullecía cuando le hablaban de ella. Chiíta, en representación de Yusmari (la hija), entabló una querella en contra del conductor del Corolla y su aseguradora, incluyendo de plano al propietario del carro. Comenzó en febrero del 2013 y concluyó con una sentencia a su favor de RD$500,000.00 más suspensión provisional de la licencia de conducir y una multa de RD$200.00. Terminaron tranzando el caso por RD$250,000.00 más honorarios para los abogados. Ese pago fue honrado a duras penas por su aseguradora. Chiíta montó un salón en su casa y pagó unas deudas en el colmado.

b)  Carmelita me contrató como abogado. Traté de conseguir el poder de Chiíta, pero como representaba a la madre del difunto con la que no se lleva bien, prefirió a otra oficina. Inicié el proceso pero lo hice por lo civil, la Primera Sala del DN sale como la agraciada en el sorteo de Presidencia. En la tercera audiencia me costó solicitar el sobreseimiento dado que el caso se llevaba ante la jurisdicción penal por la querella de la concubina y su hija. Esto presentó un retraso de 18 meses. Luego deposité las extinciones a través de la sentencia de Corte y voila! Pasó la audiencia. La Primera Sala de la Corte se despachó con una sentencia de RD$2,000,000.00 en favor de la madre; la cual notifiqué y trabé un embargo retentivo sin efecto en ningún banco.

Terminado el relato, comienza el análisis.

La irresponsabilidad de la aseguradora

Por asuntos legales me ahorro el nombre de la aseguradora. Es una empresa propiedad de venezolanos que radicó su dinero en nuestra nación por la razón que fuere, pero que ellos viven cómodamente en Miami. Todos los relacionados al mundo del seguro dominicano sabemos que se tambalea, que no paga a tiempo, que sus empleados andan buscando otro sitio donde trabajar por tener miedo a que algún día al amanecer aparezca intervenida por la Superintendencia de Seguros (como posteriormente ocurrió). En la última semana pasó de un departamento legal de siete miembros a dos, y no porque la aseguradora los liquidó (y como van las cosas, al final de la semana en que escribo quedará uno y la voluntad de Dios).

Lleva operando en nuestro país desde hace seis años. En el último año descendieron brutalmente de posición en el ranking de primas cobradas creado por CADOAR. Ya los intermediarios no confían y antes, donde había un mar con la euforia normal de un departamento de ventas de una aseguradora cimera, ha pasado a ser una triste cueva de una oficina que languidece y espera su muerte o la buena voluntad de un inversionista idiota que la salve de su indeterminado futuro.

Volvamos al caso que nos ocupa. Como el de Carmelita hay muchísimos más; que por una pobre gerencia de sus asuntos legales y un débil músculo financiero, ponen en riesgo a sus clientes y relacionados que contratan póliza de responsabilidad civil y de vehículos de motor.

Hice un embargo en las cinco instituciones bancarias más solventes de este país, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana; a fines de resguardar mi crédito y para hacer presión para el cierre del reclamo antes el inevitable final. En las declaraciones afirmativas de cada una de las instituciones aparece el mismo párrafo: “… al momento del embargo retentivo, la entidad  *********, S.A. no posee fondos en esta institución financiera…”.

Dando una vuelta al pasado, específicamente un año atrás. En un momento en el que sentí la presión de Carmelita y su hija por el final del caso, y por estar ahogadas en deudas y con la débil esperanza de que la indemnización las ayudara; me acerqué a la gerencia legal de la aseguradora para tranzar el expediente. La respuesta de la segunda al mando de dicha Gerencia, que envió por correo electrónico el cual aún poseo para reírme tanto de ella como de la aseguradora, decía: –…. que nuestro Código Civil impide que la madre pueda cobrar una indemnización porque previamente está el pago de la descendiente menor que dejare el fallecido-. Estupefacto por la respuesta hasta la llamé y le pregunté si estaba segura; de forma muy altanera me dice que sí y que no molestara más. Efectivamente no supieron más de mi hasta la notificación de la sentencia de RD$2MM por la Primera Sala Civil del DN. Que además de notificar, se la envié como respuesta en el mismo correo guardado que ella me había enviado. Digamos que fue un acto de catarsis de mi parte, y de alegrar mi mal trecha rabia por la impotencia que da nuestro desorganizado sistema público de supervisión del sector.

La falta de supervisión de la Superintendencia de Seguros, organismo rector de la materia en la RD.

El asunto es que la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana otorga a la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana la facultad de ser la entidad reguladora del mercado asegurador en nuestro país. Una de sus obligaciones y capacidades que le otorga las Ley a la SS es el acápite “f” del Art. 238 que literalmente establece: “f) Revisar y aprobar el cálculo de las reservas de los aseguradores y reaseguradores, así como las inversiones que realicen éstos”.

El patrimonio técnico y las reservas que los componen, parcialmente deben estar invertidos en instrumentos de fácil fungibilidad, que permita ser utilizado para mantener la liquidez de la entidad –toda empresa pasa por momentos de iliquidez que son salvados por sus administradores, eso no es un delito-. Sin embargo, nuestra historia reciente está plagada de historias de empresas aseguradoras que se encuentran ilíquidas por periodos amplios y que la SS no las interviene.

Este último párrafo es mi real preocupación. La función supervisora y reguladora de la SS ha dejado mucho que desear. Para muestra un botón: UNION DE SEGUROS, S.A. empresa que estuvo en penurias por más de diez (10) años en el sector, sin crédito en ningún sitio y sin capacidad de pago; pero continuaba operando sin problemas. Continuaba vendiendo pólizas de los ramos autorizados; hasta que, cuando el rumor público no pudo más, a la caída del BANCO DE AHORRO Y CREDITO PERAVIA (propiedad de los mismos dueños de Unión de Seguros, S.A.) fue la Superintendencia hizo una declaración diciendo que la US estaba intervenida desde hace seis meses, pero para no alterar su liquidez y que la sociedad no sintiera temor, lo dejaron callado haya que la bomba explota.

El caso de US dejó a un cliente y a mí una reclamación de 1MM con sentencia de la Suprema Corte. Cuando voy a pedir cuentas sobre el FONDO DE GARANTIA que el Art. 28. manda a las aseguradoras a tener para enfrentar estos problemas, me informan que no existe y que la SS no puede hacer nada dado que la UNION DE SEGUROS no se encuentra intervenida por la SS, sino por la DGII!!!!! Pueden creer eso????? La SS dice que no puede hacer nada! Y que hasta que la DGII no cobre su deuda, la SS no podrá liquidar los activos para honrar las deudas de la aseguradora quebrada.

Al final, siento que la historia de Carmelita y la aseguradora terminará como la UNION DE SEGUROS, el grueso de la reclamación tendré que perdonarla con la esperanza de cobrarla a un insolvente persona física. Pero igual, tendrá un gran dolor de cabeza innecesario, por haber confiado su patrimonio a una entidad irresponsable que no responde por sus intereses.

Resaltemos algo: cuando una aseguradora no cumple su obligación, coloca en riesgo el patrimonio del asegurado y/o de su contratante en los ramos de Responsabilidad Civil. Al final, con el caso de Carmelita, me tocará cobrarle al asegurado y propietario del vehículo. En el hipotético pero muy probable caso de que ocurra, el asegurado querrá insolventarse, lo que no sabe es que están inscritas sendas hipotecas judiciales en dos inmuebles que encontré a su nombre; un dolor de cabeza innecesario para El y su familia.

RESULTADO: el hijo de Carmelita falleció, y nadie podrá ni siquiera darle un consuelo por la deudas que asumió para enterrar al infeliz que murió por un irresponsable, y que una aseguradora más irresponsable e indolente, apadrinada y protegida por una entidad y sistema aún más irresponsable, indolente e inescrupuloso; permiten que continúen operando aseguradoras sin fondos de garantía que hacen lucro de nuestros ciudadanos y que no brindan una seguridad real y necesaria; de igual forma seguirán existiendo Carmelitas, madres que perderán sus hijos, personas que verán sus bienes destruidos o su integridad física comprometida, y que el sistema no los protege.

Actualización:

En el Enero 2017 la Superintendencia de Seguros intervino de manera definitiva a Seguros Constitución, S.A., por medio a la resolución 01-2017 cesó las operaciones e inició en proceso de liquidación de activos que aun está en proceso. 

A raíz de la publicación del artículo en el blog, y darle visibilidad por redes sociales; la Gerencia General de la aseguradora en cuestión me pidió una reunión y por la paz de ambas partes tranzamos el expediente. Nos pagaron dos meses después con tres cheques carentes de fondos; lo que me obligó a querellarme por ese delito. Luego de muchas excusas y lloros, acordé dejar por las buenas el proceso; rehicieron los cheques a mi solicitud por medio a cheques de administración. 

Doña «Carmelita» recibió sus fondos. Pudo salvar el rancho y fue suficiente para que invirtiera en un improvisado ventorrillo en su barrio, que todavía hoy lo atiende junto a su hija lo mejor que puede. 

En cuanto a Chiíta, yo estuve equivocado. Su tuvieron una sentencia, pero no tranzaron el caso con la aseguradora; que sepa yo, no pudieron cobrar nada por parte de la compañía por el cese de sus operaciones. Desconozco si han llegado a algún acuerdo con el asegurado. 

Muchos amigos y colegas tienen la presión de sus clientes por los casos que llevaban de Seguros Constitución; poco a poco la SS ha tratado de resolver con lo que tiene y con inyecciones de los dueños originales; los que salieron del país a su natal Venezuela y allí se refugian. 

Autor: Geovanny Ramirez

Abogado en ejercicio; especialista en responsabilidad civil, seguros y derecho de transporte.

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